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03/08/2025
Una familia entera está detenida por liderar una megaestafa inmobiliaria que afectó a más de 500 personas en todo el país y dejó un daño económico estimado en casi 25 millones de dólares. El fraude fue liderado por Vito Antonio L’Abbate y sus tres hijos, dueños de la constructora Induplack, que desde 2012 ofrecía falsos proyectos inmobiliarios en la Ciudad de Buenos Aires y otras provincias. Vendían departamentos “en pozo” que nunca entregaban y, en muchos casos, vendían la misma unidad a más de una persona.
La empresa Induplack, que comenzó a operar en el mercado en 2012, ofrecía obras con planes accesibles en cuotas en pesos, lo que atrajo a muchos pequeños ahorristas que soñaban con su casa propia. Durante los primeros años, algunas construcciones mostraban avances, lo que generó confianza. Pero con el tiempo, las obras se frenaron y nunca se entregaron los departamentos.
Muchas víctimas entregaron sus ahorros de toda la vida. Algunas incluso lo hicieron en mano a los propios miembros de la familia L’Abbate, como Marcela, que en 2018 invirtió 53.000 dólares en un departamento en Almagro. Fue estafada con documentación falsa y nunca más volvió a ver al responsable. O Kathia, una inmigrante colombiana que compró un departamento para su hija en 2024 con ayuda de su madre. Pocos meses después, descubrió que todo era mentira. También Danilo, un docente que invirtió en varios proyectos de la empresa, terminó sin propiedad y con más de una década de esfuerzos perdidos.
La investigación judicial comenzó en 2020, durante la pandemia, y actualmente está a cargo de la jueza Paula González y la fiscal Mónica Cuñarro, en el Juzgado N°40. Ya hay más de 50 denuncias formales, pero se espera que esa cifra crezca. La Justicia ya procesó con prisión preventiva a Vito L’Abbate, sus hijos Emanuel, Santiago y Juan Ignacio, y al apoderado Patricio Flores. Todos están detenidos. Se los acusa de estafa y asociación ilícita, ya que hay pruebas de que montaron una estructura para cometer estos delitos de forma organizada.
Entre las pruebas más contundentes está el hecho de que un mismo departamento fue vendido a múltiples personas, lo que demuestra la intención de estafar. Además, familiares y allegados formaban parte del circuito: actuaban como empleados, vendedores o intermediarios.
La jueza rechazó recientemente un pedido de excarcelación y embargó todos los bienes de los acusados. Las autoridades creen que los responsables podrían recibir penas de varios años de cárcel si se suman más denuncias. Mientras tanto, las víctimas continúan esperando justicia y soñando, aunque con menos esperanza, con recuperar algo de lo perdido.