Seguinos en las redes:
12/12/2025
Trabajadores bancarios y delegados gremiales denunciaron que este viernes 5 de diciembre, en la sucursal del Banco Patagonia de la ciudad de Concepción, fueron reprimidos por personal de Infantería mientras realizaban una protesta pacífica, para reclamar por presuntos hechos de maltrato laboral, en un operativo que —según el gremio— fue desmedido, violento y contrario al derecho a la protesta.
La manifestación había sido convocada por La Asociación Bancaria para acompañar a empleados de la sucursal que días antes denunciaron a la gerente María José Mansilla por presunto maltrato, hostigamiento y amenazas. En el lugar se encontraban delegados del Banco Nación, Banco Macro y Banco Patagonia, además de integrantes de la Comisión Directiva de La Bancaria Tucumán, incluida su secretaria general, Cecilia Sánchez Blas.
De acuerdo con el gremio, cuando intentaban dialogar, efectivos de Infantería avanzaron contra los manifestantes con empujones, golpes, bastonazos y disparos de balas de goma. Las imágenes difundidas muestran un accionar violento que, según denunciaron, no se correspondía con el carácter pacífico de la protesta.
Entre los heridos se encuentra Jorge Patricio Rivero, quien —según se informó— fue golpeado aun cuando estaba en el piso y luego detenido. También se denunciaron agresiones dentro de la comisaría. Tras los hechos, el sindicato declaró el estado de alerta y exigió garantías para la integridad física y laboral de los trabajadores.
La Asociación Bancaria Seccional Tucumán presentó una denuncia judicial por lo ocurrido. En el escrito, firmado por la secretaria general Cecilia Sánchez Blas y el abogado Juan Andrés Robles, se sostiene que la asamblea era legítima y amparada por la ley, y que el operativo policial fue ilegal, desproporcionado y constituyó una criminalización de la protesta social. La denuncia menciona posibles delitos como lesiones graves agravadas, abuso de autoridad y mal desempeño, y responsabiliza al Estado por no prevenir los abusos ni garantizar la seguridad de los manifestantes.
El abogado Robles señaló que los registros fílmicos muestran violencia ejercida con los manifestantes indefensos, persecuciones injustificadas y agentes sin identificación, y reclamó el avance urgente de la investigación y sanciones para los responsables materiales y las autoridades que, según el gremio, permitieron el operativo violento.