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22/10/2026
Dos hombres de 34 y 37 años fueron imputados por una causa de usura agravada y extorsión luego de que una familia de San Miguel de Tucumán denunciara amenazas y un esquema de cobro violento por un préstamo informal. Según la acusación fiscal, las víctimas habían recibido $6 millones entre fines de 2025 y comienzos de 2026, pero terminaron entregando alrededor de $16 millones, además de una motocicleta y un iPhone 14 Pro. Tras una audiencia realizada esta semana, la Justicia dispuso 45 días de prisión preventiva para el principal acusado y arresto domiciliario para el segundo imputado.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, conducida por Diego Hevia. Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Lucía Ruiz sostuvo que el préstamo habría sido otorgado con intereses desproporcionados y que, con el paso del tiempo, comenzaron las presiones para exigir nuevos pagos.
De acuerdo con la Fiscalía, las víctimas habrían entregado dinero en efectivo y realizado transferencias por una suma cercana a los $16 millones. Además, les habrían exigido una motocicleta y la firma del formulario 08 para concretar su transferencia, junto con la entrega de un teléfono celular.
Uno de los hechos más graves denunciados ocurrió el 12 de octubre, cerca de las 22.55, en una vivienda de calle Buenos Aires al 2000. Según la acusación, el principal imputado habría llegado junto a otro hombre hasta la casa de una de las víctimas, donde también se encontraba su hijo menor de edad y un empleado.
Poco después habría arribado otro de los acusados en un Chevrolet Prisma blanco, junto con uno de los presuntos involucrados. La Fiscalía sostiene que durante ese episodio se utilizaron amenazas, violencia física y un arma de fuego para exigir más dinero relacionado con el préstamo.
La representante del Ministerio Público Fiscal describió el caso como un esquema de cobro extorsivo, en el que distintas personas habrían cumplido diferentes funciones. Uno de los imputados habría tenido una participación directa en las amenazas, mientras que el otro habría facilitado el vehículo utilizado para trasladarse.
El juez resolvió imponer 45 días de prisión preventiva para el principal acusado, mientras que al segundo le dictó arresto domiciliario. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de cada uno y establecer si hubo más personas involucradas en los hechos denunciados.