Seguinos en las redes:
05/01/2026
Organizaciones feministas, sindicales y sociales se manifestaron este miércoles 30 de diciembre de 2025 en San Miguel de Tucumán para rechazar el sobreseimiento de cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield, denunciados por presunto abuso sexual grupal contra una joven tucumana. El reclamo surgió tras el fallo del juez Augusto José Paz Almonacid, quien resolvió que el hecho “no constituye delito”, decisión que generó repudio público por considerar que desalienta las denuncias y descree la palabra de las mujeres.
La resolución fue dictada durante una audiencia en el Centro Judicial Capital y benefició a Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla, investigados desde marzo de 2024 por una denuncia de abuso ocurrido en un hotel de San Miguel de Tucumán. Aunque el magistrado dio por cerrada esta etapa, la querella anunció que apelará ante una instancia superior.
Tras conocerse el fallo, La Bancaria Seccional Tucumán difundió un comunicado titulado “Justicia por Luli”, en el que expresó su “más enérgico repudio” y advirtió que la decisión representa, según señalaron, un grave retroceso judicial. El texto sostuvo que la denunciante fue expuesta y revictimizada durante el proceso y reclamó responsabilidad institucional. El documento fue firmado por Cecilia Sánchez Blas, junto al secretariado y el cuerpo de delegados.
En paralelo, referentes del movimiento Ni Una Menos se concentraron frente al Ministerio Público Fiscal, en calle Sarmiento al 400. La protesta, que reunió a unas 35 a 40 personas, se realizó de manera pacífica bajo la consigna “No usen a las mujeres para sus disputas de poder”.
Durante la manifestación, Adriana Guerrero sostuvo que el fallo envía un mensaje que puede desalentar nuevas denuncias. “Mientras desde el movimiento de mujeres decimos ‘yo te creo’, la Justicia y el Estado nos dicen que no nos creen más”, afirmó. También cuestionó que el foco del debate se haya puesto en la conducta de la víctima y no en el hecho de violencia denunciado.
Las organizaciones remarcaron que la causa no está cerrada, ya que fue recurrida por la denunciante, y reclamaron que las instancias superiores revisen el fallo con perspectiva de género. Aseguraron que continuarán acompañando a la joven y exigiendo verdad y justicia.