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23/07/2025
En Tucumán, dos mujeres fueron imputadas por estafar a jubilados y otras personas mayores entre febrero y marzo de 2025, haciéndoles creer que recibirían una ayuda social del gobierno para comprar electrodomésticos, cuando en realidad les hacían firmar créditos por montos que nunca autorizaron. Las imputadas, Griselda Cabrera (66) y Lidia Liliana Herrera (44), habrían provocado un perjuicio económico que ya supera los 15 millones de pesos, y la Justicia investiga si hay más víctimas.
Según la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Carlos Saltor, Cabrera era quien convencía a las víctimas con distintas excusas: en algunos casos decía tener contactos en Acción Social, en otros les aseguraba que habían ganado un sorteo. Luego las dirigía a un local de electrodomésticos, donde Herrera las recibía y las guiaba en la elección de productos, asegurándoles que serían pagados con un supuesto subsidio.
Sin embargo, al firmar los papeles, las víctimas estaban autorizando créditos a su nombre sin saberlo. No solo se incluían los productos que efectivamente recibían, sino también otros de alto valor que nunca pidieron, como televisores, heladeras, cocinas, bicicletas, aire acondicionado y celulares. Estos objetos, según la acusación, eran retirados por las estafadoras.
Uno de los casos más graves fue el de un jubilado que eligió algunos artículos básicos, pero luego descubrió que se le había descontado $140.000 por un crédito de $1,2 millones, que incluía más de 15 productos que nunca recibió. Otras personas también denunciaron descuentos sorpresivos en sus haberes y amenazas de embargo.
En abril, la Fiscalía realizó tres allanamientos donde se encontraron electrodomésticos y facturas que coinciden con las denuncias. Durante la audiencia, el fiscal pidió prisión preventiva por 60 días, argumentando que las acusadas podrían entorpecer la investigación. Pero el juez Sebastián Mardiza rechazó el pedido y ordenó medidas de control menos graves por dos meses.
Cabrera y Herrera negaron haber cometido delitos. Dijeron que las personas sabían lo que firmaban y que nunca mintieron sobre un premio. Su abogado, Guillermo Villalba, sostuvo que sus clientas solo ayudaban a gestionar créditos y que algunas personas les agradecían con productos.
La causa continúa abierta y ya hay nuevas denuncias en análisis. La Justicia no descarta que aparezcan más víctimas con el mismo tipo de engaño, en un caso que se perfila como uno de los más graves del año en el ámbito penal de Tucumán.