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29/04/2025
Una investigación judicial en Tucumán reveló que un grupo delictivo usaba métodos ilegales para usurpar y vender casas desde febrero de 2023. El caso ya tiene a tres personas con prisión preventiva: el policía Daniel Chavarría, el abogado Leonardo Panigutti y el comerciante Walter Reynoso. La banda actuaba falsificando documentos, abusando de la confianza de las víctimas y usando su influencia para engañar a compradores de buena fe.
Todo comenzó con una denuncia por administración fraudulenta contra el policía Chavarría, quien trabajaba como custodio en un centro comercial y se quedaba con los pagos de alquiler. A partir de allí, surgieron más denuncias que llevaron a los fiscales María del Carmen Reuter y Paula Bellomío a destapar una red que ya acumula al menos 13 casos. La banda apuntaba a casas deshabitadas o en juicio sucesorio, muchas veces pertenecientes a personas mayores o ausentes, que luego eran ocupadas por la fuerza.
Después de ingresar ilegalmente a las propiedades, los implicados armaban escrituras y boletos de compraventa falsos para vender las casas a personas que no sabían que se trataba de una estafa. Según la fiscalía, usaban sus contactos policiales para obtener información y saber cuándo era más fácil ingresar a las viviendas. Se sospecha que hay al menos diez personas más involucradas, entre ellos otros abogados y agentes de seguridad.
Uno de los casos más graves fue el del ex tenista Roberto Saad, quien vive en Estados Unidos. Su casa en calle Balcarce al 100 fue ocupada y la banda intentó venderla falsificando incluso la firma de un familiar fallecido. Gracias a la rápida intervención de la Justicia, se pudo recuperar la propiedad.
Durante la audiencia, el juez dictó prisión preventiva por cuatro meses para los tres principales acusados. Mientras tanto, continúa la investigación con nuevas pruebas, como peritajes de celulares, que podrían confirmar la existencia de una de las redes de estafas inmobiliarias más grandes de los últimos años en Tucumán.
Los abogados de las víctimas reclamaron que la Justicia actúe con firmeza. “No son hechos aislados, sino un accionar planificado”, dijo José María Molina. Otro abogado, Ernesto García Biagosch, advirtió que es preocupante que se hayan usado herramientas legales e institucionales para cometer delitos.